Un 11% de las personas acogidas en Barcelona tiene un contrato laboral. En algunos albergues, la cifra se dispara a casi la mitad de sus ocupantes

Son las 8.30 de la mañana en un centro para personas sin hogar de Sarrià, uno de los barrios más ricos de Barcelona. En el patio, varios hombres desafían el frío invernal para fumar su primer cigarrillo de la mañana, tras el desayuno. Algunos ya se fueron o no tardarán en irse al trabajo. Según el último informe de evaluación de 2016, en este centro de 90 plazas, de la entidad San Juan de Dios – Servicios Sociales, el 35 % de las personas que residen en él tiene contrato de trabajo. 

Raúl espera en una butaca de la entrada. Ha preferido que la entrevista tuviese lugar en un sitio que conoce. Está algo nervioso. “Al entrar aquí otra vez me he sentido raro”, explica. Él solía venir a comer cuando dormía en un albergue de la Fundación Pere Tarrés. Después, consiguió una plaza en otro centro de San Juan de Dios, el de Creu de Molers en el barrio de Poble Sec, que está orientado a la reinserción laboral. Casi la mitad (el 47%) de las 52 personas que llegan a este centro tiene un empleo con contrato. 

Hoy, Raúl está en el programa de pisos y comparte con otro compañero un techo prestado temporalmente por la misma entidad, por un precio simbólico de unos 100 euros. No quiere que se sepa su edad aunque nadie le echaría más de 40 años. En su jersey, las siglas de la empresa en la que trabaja desde hace dos meses le sirven de apoyo para disculparse por la temprana hora: “Es que después no puedo quedar porque tengo que irme corriendo al trabajo y tardo una hora y 45 minutos en ir allá”. Allá es San Cugat, un municipio limítrofe de la Ciudad Condal, donde trabaja en una empresa de logística de transportes. 

La precariedad laboral incrementa el fenómeno. 

Para Albert Sales, asesor del Ayuntamiento de Barcelona y coordinador del plan de lucha contra el sinhogarismo, las personas sin hogar que tienen un empleo son un fenómeno creciente desde los años noventa. El politólogo, que correalizó también la Diagnosis 2015 sobre la situación del sinhogarismo en la capital catalana, recuerda que algunos albergues tuvieron que flexibilizar sus horarios de entrada y salida porque algunos de sus residentes trabajaban y no podían llegar a la hora de la cena. 

En Barcelona, de las casi 3.000 personas que están sin hogar, 941 duermen en la calle y 1.907 están alojadas en equipamientos de la Red de atención a personas sin hogar (XAPSLL), formada por 32 entidades y el Ayuntamiento.  Según la última Diagnosis publicada, el 10,89 % de las personas que viven en estos equipamientos tiene empleo con contrato. En 2012 era un 4,10%. 

Raúl forma parte de este porcentaje de personas con empleo que sigue sin poder tener un hogar propio. En principio, el programa de pisos de San Juan de Dios tiene una duración de seis meses aunque, según su director, Joan Uribe, es cada vez más difícil cumplir los plazos establecidos ya que muchos necesitan más tiempo para estabilizar su situación. Y, para él, esta tardanza tiene una gran culpable: la precariedad laboral. 

“El ‘precariado’ no es una noción nueva, nace en los años ochenta, pero lo que vemos hoy es la forma más radical de la expresión de este concepto: personas que están trabajando, pero que siguen teniendo que vivir en centros y pisos para personas sin hogar. El gran problema hasta hace poco es que no había empleo, ahora el gran problema es que sigue sin haber suficiente, pero gran parte del empleo que hay es absolutamente precario tanto a nivel de salario como de condiciones”, critica Joan Uribe, director de San Juan de Dios – Servicios Sociales, que también realizó la Diagnosis sobre sinhogarismo.  

Aunque tengan trabajo, Uribe explica que las personas no salen de manera inmediata de los equipamientos. La XAPSLL prefiere acompañarles durante un tiempo para que puedan ahorrar una cierta cantidad que les permita alquilar una vivienda, o más bien una habitación, pagando la fianza y un mes de adelanto. Para Sales, la salida de estas personas de los recursos sociales es cada vez más complicada por la combinación entre precariedad laboral y requisitos para acceder a una vivienda.

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