Unas 210.000 personas dominicanas de origen extranjero (en su mayoría de Haití) viven en vilo desde que, el 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana confirmara la retirada de la nacionalidad a los nacidos en territorio dominicano cuyos padres estuvieran en situación de irregularidad (en una medida que se hacía retroactiva hasta 1929, por lo que afecta a cuatro generaciones).

Así, ya no es solo que esta comunidad tenga suspendidos los derechos más esenciales (acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al registro civil, al voto), sino que la amenaza final es tajante: los no regularizados serán expulsados. Y a un país en el que muchos nunca han estado y donde no conservan ya familia alguna.

Aunque no están solos. Pese a las amenazas, diversos colectivos ciudadanos se han movilizado en su apoyo. El jesuita Mario Serrano, director nacional del Sector Social de la Compañía de Jesús, se dedica en cuerpo y alma a una lucha que se inició en 2007, cuando la Junta Electoral Central, encargada de gestionar la documentación, empezó a negársela a quienes eran originarios de inmigrantes en situación de irregularidad (la sentencia del Constitucional no hizo sino refrendar esta acción sin base legal).

“Les pregunté cómo se sentían –explica Mario Serrano-. Se sienten frustrados, pisoteados, como si no fueran personas. Eran un rosario de dolor. Todos tenemos que reclamar justicia. La esperanza empieza ahí”.

Las Hijas de Jesús también trabajan cada día y luchan para que estas personas puedan tener derecho a un nombre, nacionalidad y a los servicios básicos, en especial, en la zona de Elías Piña, zona fronteriza con Haití, y donde se encuentra una Misión con las comunidades más pobres, como es el Valle de Elías Piña y Plan Café. Recordamos el trato injusto que recibieron nuestras hermanas, niños y niñas y sus padres y madres, el pasado mes de Enero, cuando se dirigían a San Juan de la Maguana para iniciar el proceso de regulación y fueron deportadas a Haití sin ninguna justificación.