El 18 de abril de 2015 un barco cargado de refugiados e inmigrantes que hacía la ruta entre Libia e Italia naufragó dejando 28 supervivientes y al menos 800 muertos, entre los cuáles se encontraba un importante grupo de niños. La tragedia de Lampedusa marcó un nuevo hito en la cronología de la crisis y provocó la habitual cumbre apresurada de ministros del interior, indignados por la actividad de unas mafias.

Un año después, seguimos batiendo récords. Hace pocos días, varios centenares de refugiados e inmigrantes fueron rechazados en la localidad fronteriza de Idomenei (Grecia) por fuerzas policiales macedonias que hicieron uso de gases lacrimógenos, pelotas de goma y bombas aturdidoras. El recurso al material pesado de antidisturbios contra una población inerme de mujeres, hombres y niños que escapan de la guerra y la persecución constituye la última de una colección de decisiones en la que países europeos -dentro y fuera de la UE- han cruzado líneas rojas que ignoran sus obligaciones legales y humanitarias. Desde el goteo constante de muertes en el mar a la violación casi estructural de los derechos de los niños a lo largo de su tránsito, las excepciones han dejado de serlo para convertirse en parte consustancial a la norma del modelo migratorio europeo.

Sigue leyendo en 3500 Millones