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¿Por qué encerramos a los inmigrantes? ¿Por qué, cuando no tienen antecedentes penales? ¿Por qué, si son personas vulnerables? ¿Por qué, si muchas veces, tienen un fuerte arraigo en España? Estas son algunas de las preguntas sin respuesta, y que por ello se transforman en denuncia, como la que esta mañana hizo Pueblos Unidos durante la presentación, en la Universidad Pontificia Comillas, de su informe anual sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). “Criminalizados, internados, expulsados”.
“En España se abusa del internamiento. Y frecuentemente nos preguntamos. ¿Cómo ha llegado una persona en estas circunstancias al CIE?”, se preguntó la abogada Cristina Manzanedo, quien insiste en que “los CIE son puerta de entrada y salida de España y entre las personas internas hay perfiles muy diferentes, invisibles a los ojos de la policía y ocultos tras una orden de devolución o expulsión por estancia irregular”.
Patricia Johnson no ha sido expulsada, pero eso no evita que el miedo habite el cuerpo. No quiso salir en imagen directa. Nigeriana de 33 años, fue detenida por la calle y trasladada al CIE mientras su hijo estaba en el colegio. Patricia solicitó que su imagen no saliera en público. Nos contó cómo salió de Lagos en 2001, y vive en Parla con su hijo. “A finales de noviembre de 2013 me pidieron los papeles y me llevaron a comisaría. El 1 de diciembre me llevaron al CIE. En este tiempo no supe nada de mi hijo, hasta que Pueblos Unidos no fueron a mi casa”.
“Durante ese tiempo no supe nada de mi hijo, no pude hablar con él. Llegaron a decir que el hijo no era mío, y no me dejaban verlo”, relató
“Tan importante como la situación de los CIE, es quién ha llegado y por qué. Estamos asustados por el discurso del Gobierno que criminaliza a los inmigrantes y que afirma que sólo se expulsa a delincuentes”, recalcó Manzanedo. “No es lo que nosotros vemos”.
Según el informe, el 55% de las personas visitadas carecían de antecedentes penales. Nigeria, Ecuador y Marruecos son las nacionalidades mayoritarias en el caso de los hombres, no así de las mujeres, con Brasil a la cabeza. “Tememos que se trate de trata de mujeres”. El 40% lleva más de cuatro años en España. “Hablamos de personas arraigadas, con familias entre nosotros”.
El encierro es “un último recurso” que “requiere autorización previa”. Una orden de expulsión “no equivale, ni mucho menos, al internamiento”. Las garantías “no se cumplen en la práctica”, apuntó Manzanedo. La mayor parte llegan en pateras o son trasladados desde Ceuta y Melilla. “Estamos hablando de posibles refugiados, posibles menores, víctimas de trata… Pero cuando llegan al CIE, esta labor de identificación no existe”.
Junto a estos recién llegados, muchos otros “llevan años entre nosotros, y tienen fortísimo arraigo. Han tenido permiso de trabajo y residencia, y que no lo han podido renovar”, recalcó la abogada. “El internamiento y la expulsión está ocasionando rupturas familiares trágicas, y dejando a menores en situaciones económicas de grave dificultad”.
La policía “no sabe a quién tiene en los CIE”, recalcó Manzanedo, quien pidió a Interior unos procedimientos de análisis y valoración de cada caso concreto. Algo que no se hace.
“El informe no surge de la nada”, subrayó Daniel Izuzquiza, sj, quien resaltó el trabajo de los visitantes a los CIE. Su responsable, Ángel Campos, habló de la situación de internamiento que sufren estas personas. “Las condiciones de internamiento atentan contra los derechos básicos de las personas que están allí”, subrayó.
Entre las situaciones observadas, Campos denunció la ausencia de información, la desatención sanitaria, la expulsión de cabezas de familia, expulsiones sin preaviso, comportamientos racistas, vejatorios y agresivos. “No es infrecuente recibir quejas de los internos respecto de determinados comportamientos racistas y xenófobos, e incluso agresiones por parte de algunos policías que les vigilan y les custodian en sus traslados”.
La ausencia de información también se observa en las dificultades para conocer su situación jurídica. Una información que se les niega a los internos y a las ONG. Sobre la asistencia sanitaria, el informe denuncia serias deficiencias. “No hay enfermería para aislar, ni traductores. A los internos se les atiende detrás de una raya en el suelo que no pueden cruzar por motivos de seguridad…”. Tampoco se les entregan los informes médicos cuando denuncian malos tratos.
“La mayor parte de estas denuncias nos llegan en el traslado al aeropuerto, cuando el interno se resiste a volar”, señaló Ángel, quien incidió en que “es fácil pensar en el estado de angustia y tensión” en el que se encuentran estas personas. Que llevan a cabo huelgas de hambres, protestas o intentos de suicidios. “No son hechos aislados”. “El régimen de internamiento de los CIE es meramente policial”, denunció el experto.
Margarita García, de la Fundación MigraStudium, relató la experiencia en el CIE de Zona Franca de Barcelona, repleta de dificultades para los voluntarios y los internos. “Se nos imposibilitaba las visitas a más de un interno, o en una sala sin mampara”. Una situación que los jueces de control trataron de paliar desde enero de este año, aunque “no existe aún un régimen de visitas explicitado por escrito por la dirección del CIE”.
Finalmente, Daniel Izuzquiza, sj, recordó el nuevo reglamento de los CIE, con el que “nos jugamos mucho”. “Los CIE tienen que reformarse tanto en la estructura como en el funcionamiento, si no se puede quedar en papel mojado”.
“Hay un abuso del internamiento, que es una medida de último extremo, y eso no se está cumpliendo”, denunció Izuzquiza, exigiendo que “no se interne a personas que no deben estarlo”.
Junto a la Policía, Pueblos Unidos apuntó que “no está funcionando bien el sistema jurídico”.
Jesús Bastante
