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La Deuda Pública es la fuerza de la mentira sostenida, para hacer recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Y, también, para proporcionar un negocio que da beneficio al sector financiero y que tiene efectos criminales en las clases sociales con menor poder adquisitivo. Implica una dependencia y vulnerabilidad de los Estados, debilitando la administración pública en casi todos los ámbitos, salvo el militar y el de seguridad.
Por qué la Deuda Pública se ha convertido en la excusa de todas las reformas antisociales. Es muy importante entender cómo hemos llegado a esta situación.
PSOE y PP se pusieron de acuerdo para hacer una reforma exprés de la Constitución Española, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011.
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la Deuda Pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. (Art. 135.3)
En otras palabras: el pago de la Deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la Deuda y sus intereses, a costa de pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social, hasta que no se haya cubierto.
Además se prohíbe su negociación o su no aceptación.
De hecho, antes de la crisis, España tenía una deuda del 36% respecto al PIB. En la actualidad ha crecido hasta el 70% del PIB, casi el doble. Aún así, seguimos teniendo una Deuda Pública menor que Alemania y Francia.
Según el gráfico de la página, el problema no es la Deuda Pública sino la deuda privada. Y es un problema porque el avalador de tales deudas es el Estado. Los bancos tan sólo tienen que preocuparse de ganar dinero, pues quien asume las pérdidas es el Estado.
La banca española está en posesión de 173.000 millones de euros en activos tóxicos (activos financieros de dudoso cobro o difícil venta e hipotecas).
La propuesta de creación de un “Banco Malo”, no es más que una manera de hacer que el Estado asuma (compre) estos activos tóxicos (basura financiera) y libere a la banca de los problemas generados por sus prácticas especulativas. Por supuesto, el Estado debe asumirlo con dinero público de nuestros impuestos.
Debemos ser conscientes, además, que la banca privada fue la principal responsable y beneficiaria de la burbuja inmobiliaria y del aumento desorbitado del precio de los pisos. Ahora, descubierto el agujero que han provocado, no se les juzga por los graves problemas causados a la población, ni se les va a obligar a asumir las consecuencias de un negocio fallido.
No participamos de sus beneficios pero debemos asumir sus pérdidas. La deuda contraída para rescatar a los bancos está hipotecando nuestro futuro y el de generaciones venideras. A ello hay que añadir la mayor recesión que provocarán los nuevos recortes. Esto es un golpe de Estado financiero.
La salida de la crisis está en que todos tengamos lo necesario, eliminando el derroche de los que tienen más. La salida de la crisis está en repartir la riqueza y el trabajo.
Luis Pernía
