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Van cambiando los gobiernos, pero la situación en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no mejora mucho. Estas instalaciones del Ministerio del Interior, donde son recluidos hasta un máximo de 60 días los inmigrantes sin papeles que van a ser expulsados mientras se tramita su deportación, presentan “una vulneración masiva de derechos humanos”.
Lo han dicho durante años las ONG, los organismos internacionales, el Defensor del Pueblo... pero esta contundente afirmación la han realizado también los representantes de cuatro campus de renombre: las universidades públicas de Barcelona, Valencia yValladolid y la privada Universidad Pontificia Comillas (Icade-Icai), que es la que ha coordinado el proyecto.
Las clínicas jurídicas de estos cuatro centros han pasado un año elaborando un informe sobre la Situación actual de los centros de internamiento de extranjeros en España y su adecuación al marco legal vigente. En el trabajo, un total de 37 estudiantes de Derecho supervisados por siete profesores orientadores y otros tantos abogados analizan los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Algeciras, Murcia y Fuerteventura desde un punto de vista jurídico.
La conclusión, desarrollada a lo largo de 233 páginas en las que se describen minuciosamente las características de cada uno de los siete CIE, es que “no son muy distintos a los centros penitenciarios”.
Lo dice la Ley de Extranjería y lo dice también el Tribunal Constitucional: la negación por ley del carácter penitenciario de estos centros debiera presuponer un régimen de internamiento más favorable que el existente.
Pero la realidad es que muchas veces los CIE son incluso peores que las cárceles, dice el informe, porque, por ejemplo, en las prisiones tienen mejora instalaciones, mejor servicio de orientación jurídica o mejor sistema de traducción que en los centros para inmigrantes, que no han cometido más que una falta administrativa: estar en España sin la documentación en regla. ¿Y qué derechos se vulneran? “El derecho a la salud, a la igualdad de sexos, a la integridad física, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, a la integridad, a un trato digno, a las comunicaciones…”, enumeran los autores del trabajo.
El informe, presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía, pone de relieve la falta de servicios básicos y de atención especializada. En este sentido, “falta la implementación de servicios sanitarios permanentes, que se limitan a prestar atención sanitaria básica y no especializada, y siempre inferior a la que se recibiría en un centro de salud”.
Tampoco existen “mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas, ni medidas que no sean el aislamiento de los internos en condiciones que atentan a su integridad y salud física”. El informe denuncia que hay personas ingresadas “que son vulnerables, especialmente menores no acompañados, respecto a los que no se siguen protocolos adecuados para su identificación”. No hay cámaras de videovigilancia, no se les informa a los inmigrantes de sus derechos y los policías no reciben formación específica a en derechos humanos, Extranjería y enfoque de género.
