El informe anual de Amnistía Internacional (AI), que examina la situación de los Derechos Humanos en 160 países, ha pasado revista a España y ha vuelto a fijar la mirada en la inmigración. El extenso documento publicado este miércoles por la ONG, referente a 2014, denuncia las devoluciones en caliente de las personas indocumentadas, que califica como “expulsiones ilegales” y “sumarias” a Marruecos. Y, a su vez, acusa a los agentes de hacer un “uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

Estas acusaciones llegan después de que, en el último mes, 24 guardias civiles resultasen imputados por su actuación en las vallas de ambas ciudades autónomas. Una juez de Ceuta ha llamado a declarar a 16 miembros del Instituto Armado por la tragedia de Tarajal, ocurrida el 6 de febrero de 2014, cuando 15 subsaharianos murieron ahogados al tratar de alcanzar a nado España —los agentes utilizaron material antidisturbios cuando estas personas se encontraban en el agua—. A su vez, un magistrado de Melilla ha citado a otros ocho guardias civiles por los golpes propinados a un inmigrante que intentaba saltar la alambrada de dicha ciudad el pasado 15 de octubre.

“Durante todo el año se recibieron informes sobre el trato ilegal de refugiados y solicitantes de asilo”, una opinión que comparte con el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo, un nutrido grupo juristas y multitud de ONG, que consideran que estos retornos a Marruecos violan el derecho de asilo.

“El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos”, asegura el informe de Amnistía Internacional, que critica la “vergonzosa e ineficaz acción de los Estados para hacer frente a la violación de los derechos humanos”. La impunidad que denuncia la organización es, en el caso de América Latina, “endémica”.

Amnistía Internacional ha denunciado que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya abordado los conflictos en Siria, Irak, la franja de Gaza y Ucrania, ni siquiera en los casos en los que los “Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil”. Según la institución, obedece a “intereses creados o conveniencias políticas” por lo que ha instado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia— que renuncien a su derecho a veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades.